El allanamiento forma parte de la denominada Operación Caracol puesta en marcha hace varios meses por la Procuraduría Anticorrupción
SANTO DOMINGO, R.D. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana ha quedada inhabilitada, luego del allanamiento durante 11 horas en la sede del organismo.
Operación Caracol le ha llamado la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) a este operativo de investigación.
Durante el allanamiento de dos días, los agentes fiscales retiraron de la institución varias cajas conteniendo documentos confidenciales propios de auditorías.
El allanamiento se produjo en base a la Resolución 01-2021, dictada el 18 de este mes por la jueza María G. Garabito Ramírez, de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia
Las evidencias a la mano
Wilson Camacho, director de la PEPCA, aseguró ayer que encontraron evidencias de manejo manipulado de auditorías realizadas a las instituciones públicas.
De “maquillaje” tildó dichas acciones, las cuales advirtió tendrán serias consecuencias para sus autores.
Camacho aseguró que en el referido organismo se alteraban auditorías para favorecer a funcionarios del Estado, prestándose a encubrir actos que quebrantan la ley.
“Hemos encontrado miles de documentos y evidencias de sospechas que tenía el Ministerio Público de labores de maquillar auditorías para favorecer a instituciones, dijo Wilson Camacho
Complicidad absoluta
El procurador fiscal señaló enfáticamente que estas acciones son tipificadas por la Ley como “complicidad de la corrupción”.
“Estamos aquí porque la Cámara de Cuentas ha sido parte del problema, y no de la solución», comentó, tras señalar a ese organismo como responsable de las irregularidades que se perciben.
Desde temprano en la mañana de ayer Camacho y unos 23 fiscales de la PEPCA allanaron la Cámara de Cuentas, acompañados de un amplio contingente policial.
El pleno y varios funcionarios de la Cámara de Cuentas son investigados por presunta violación al artículo 1 2de la Ley 133-11, del Ministerio Público, y varios artículos del Código Penal, así como de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado.
El despliegue del operativo
Decenas de agentes de la Policía Nacional tomaron el control perimetral del edificio que alberga a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana desde el pasado domingo. Igualmente participaron miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y escuadrones del equipo Swat.
El ministerio público informó que el allanamiento forma parte de la denominada Operación Caracol puesta en marcha hace varios meses por la PEPCA. También por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabeza Yeni Berenice Reinoso.
Las autoridades investigan al organismo encabezado por Hugo Francisco Álvarez Pérez, por los delitos de obstrucción de la justicia y coalición de funcionarios.
Conjuntamente por falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en actos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
La investigación
Como parte de estas investigaciones, a la Procuraduría General de la República, que dirige Miriam Germán Brito, han acudido cinco miembros de la Cámara.
Además del presidente de la Cámara de Cuentas, han interrogado a Carlos Noés Tejada Díaz, secretario, y Margarita Melenciano, Pedro Antonio Ortiz Hernández y Félix Álvarez Rivera, miembros del Pleno. Todos gozan de privilegios de jurisdicción.
En enero pasado la Procuraduría General de la República informó que sus fiscales detectaron “indicios que comprometen la responsabilidad penal de la Cámara de Cuentas.
Dichos delitos fueron tipificados como propios de la corrupción administrativa, por lo que decidió ampliar las investigaciones y alega que éstas fueron obstruidas.
Álvarez Pérez dice que está tranquilo, pues en varias ocasiones alertó al entonces presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, sobre supuestas irregularidades en procesos de auditorías.
También Margarita Melenciano reveló en un voto disidente de un proceso de auditoría todas las irregularidades que habían cometido los auditores y demás participantes.
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